Un Concurso de Acreedores es, fundamentalmente, un procedimiento jurídico cuyo objetivo es solucionar los problemas de falta de liquidez e insolvencia de un determinado negocio. Recibe este nombre porque posibilita que los acreedores puedan cobrar lo que se les adeuda sin renunciar a la continuidad de la compañía.

Cualquier sujeto puede beneficiarse de este proceso. De hecho, no importa si el que lo solicita es una persona jurídica, es decir, una pyme o una de gran tamaño, o una persona física en forma de autónomo. Sin embargo, esta última opción es bastante poco habitual ya que la inmensa mayoría de concursos de acreedores en España son solicitados por empresas.

Todo lo relacionado con este proceso se encuentra recogido en la Ley 22/2003 de 9 de julio, también conocida simplemente como Ley Concursal. Su objetivo es el de evitar, por todos los medios, la disolución total de la compañía y posibilitar que pueda, al menos en parte, conservar su patrimonio. De hecho, es el socio, al acogerse a ella, el que debe usar como garantía hipotecaria su propio patrimonio.

Las personas físicas y jurídicas que pueden acogerse a la Ley Concursal deben acreditar su insolvencia y su incapacidad para hacer frente a sus obligaciones crediticias. De hecho, debe constatarse que existe riesgo real de quiebra y que, para evitarla, es necesario llevar a cabo un proceso de saneamiento que permita cobrar a los acreedores y mantener el empleo de los trabajadores.

¿Cómo se puede solicitar el Concurso de Acreedores?
Lo cierto es que, al contrario de lo que puede parecer, entrar en Concurso de Acreedores no siempre es una opción voluntaria, aunque sí es lo más habitual. En cualquier caso, si se utiliza esta vía, el empresario societario o individual es quien tiene la obligación de presentar la solicitud al detectar de que existe una situación de insolvencia que no ha sido declarada y que puede conllevar la quiebra y el cierre de la compañía. Para ello, tiene un plazo máximo de dos meses. En caso de no hacerlo, estará sujeto a la imposición de cuantiosas multas e, incluso, a la imputación de cargos penales. Esto se debe, fundamentalmente, a que el juez puede entender que la quiebra fue provocada con el fin de lucrarse de algún modo.

También hay que decir que, en algunos casos, se puede entrar a Concurso de Acreedores de forma forzosa. Para ello, solo es necesario que se produzca el requerimiento para ello de alguno de los socios de la compañía que no esté conforme con la actuación de la dirección o por la petición de alguno de los acreedores. En este sentido, deberá ser el juez el que, en función de los datos y las pruebas presentadas, determine si lo aprueba o no.

Servicios: qué documentos son necesarios para presentar un Concurso de Acreedores
La solicitud de entrada en Concurso de Acreedores ha de efectuarse siempre en un juzgado mercantil por escrito y especificando si la insolvencia es inminente o ha sucedido ya. Para ello, es necesario entregar una memoria económica del deudor, un inventario de sus derechos y bienes, una declaración de legitimidad para presentar el concurso y un listado con los acreedores ordenados alfabéticamente.

Si la entrada en el Concurso de Acreedores es aceptada será publicada en el Boletín Oficial del Estado, momento en el cual los acreedores ya estarán en disposición de presentar en el juzgado la reclamación de las deudas. En este sentido, será el juez el que determinará cuáles están justificadas y cuáles no y procederá a nombrar un administrador, el cual será el encargado de negociar la deuda en términos de reducciones, quitas y plazos de pago. Esta figura suele ser un auditor, un economista o un abogado.

En caso de que haya acuerdo, se procede a la firma del convenio. De no ser así, o en caso de resultar inviable, se procederá a la liquidación de la compañía con el objetivo de satisfacer, en la medida de lo posible, las deudas contraídas.

Actuación de las empresas en Concurso de Acreedores
Toda persona física o jurídica que se someta a un Concurso de Acreedores debe pasar por cuatro etapas diferentes, que son las que marcan el proceso en su conjunto. En concreto, son las siguientes:

Fase de actos previos. Aquí se engloban todos los hechos necesarios antes de admitir a trámite el Concurso de Acreedores por vía judicial. En este sentido, requiere la presentación de la documentación y de la solicitud de admisión, entre otros trámites. Es mucho más compleja de lo que puede parecer y puede dilatarse bastante en el tiempo si no se cuenta con un equipo de abogados experimentados.
Fase común. El objetivo de esta fase es eximir de culpabilidad represiva al deudor y asegurar que el acreedor va a cobrar. Para ello, es necesario saber el patrimonio exacto del concursado y a cuánto asciende la deuda total. Abarca de la emisión del auto de admisión hasta el informe concursal.
Fase de resolución. Una vez acabada la fase anterior hay que decidir si la empresa debe ser liquidada o atenerse al convenio y preservar la sociedad.
Fase de determinación de responsabilidades. La ley no es muy concreta respecto a esta etapa del proceso. En cualquier caso, sólo sucederá en caso de que se produzca la liquidación de la compañía, se si incumple con el convenio o si la aprobación de este es excesivamente costosa. En cualquier caso, de lo que se trata es de determinar si la insolvencia ha sido culpa de la actuación del deudor o de cualquiera de los representantes legales que estuviesen a su cargo.
Esto es todo lo que hay que saber, en líneas generales, sobre los concursos de acreedores, una fórmula que, a pesar de haber sido símbolo de la caída, en términos empresariales, de la economía española, ha servido para salvar y hacer viable una gran variedad de negocios.

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